Incluir de manera sistemática criterios ambientales en los pliegos de contratación pública, especialmente el cálculo de su huella de carbono y las actuaciones de restauración paisajística para compensarla, valorando además, cuando sean posibles, otros elementos como las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) frente al cambio global, el compromiso con principios de economía circular o la certificación en algún sistema de gestión ambiental.